¡Alguien quiere pensar en los torniquetes! … digo ¡En los niños!
Otro día y otra polémica, parece que la pompa fútil de la farándula se ha trasladado inmisericordemente a nuestros noticieros: Que al presidente le descubrieron las triangulaciones, que los militares tienen una narco-caravana, que Orpis se disculpó e Isasi lloro en la última audiencia antes del veredicto del caso Corpesca, que el Partido Comunista Chino tiene el control del 50% del suministro eléctrico nacional … todo pasa por la pantalla entre las 1.00 y 2.30 de la tarde superficialmente, sin comentario profundo ni seguimiento posterior, como para olvidar la vergüenza rápido.
El escándalo de la semana es un video, sí, un video, un video-musical para ser precisos. En el marco de su campaña “Derechos 2020” la Defensoría de la Niñez a publicado en su cuenta de YouTube un video musical creado por Pablo Ilabaca y MC Millaray llamado “El llamado de la naturaleza”, en palabras de la misma Defensoría “El objetivo de esta canción y video es visibilizar y enfatizar el rol de los niños, niñas y adolescentes como agentes movilizadores de cambio en defensa de sus propios derechos y la necesidad urgente de abrir espacios para que ejerzan su derecho a una participación efectiva e incidente”. Todo tranquilo hasta el segundo 40, cuando los versos de la canción dicen: “…siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes, así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz”.
Increíblemente una metáfora logro unir a todo el oficialismo, esta vez en contra de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Para el diputado UDI Osvaldo Urrutia el video musical supone “Una clara alusión a la violencia”, Tomas Fuentes, Diputado RN, declaro que la defensora “…promueve la desobediencia civil, la comisión de delito y el proselitismo político”. Por su parte Jaime Bellolio, Ministro Secretario General del Gobierno, menciono que “…el objetivo que se pretendía con esa campaña era marcar esos derechos, lo que se logro es justamente lo contrario, porque más bien parecía un video que incitaba a actuaciones que están fuera del marco legal”, Carol Bown, Subsecretaria de la Niñez, declaro a Meganoticias que “…la Defensoría de la Niñez es un organismo autónomo y eso tiene que notarse, porque cuando un organismo autónomo se politiza o actúa por ideología pierde credibilidad”. La polémica ascendió hasta la Corte Suprema, luego de que Chile Vamos presentara un requerimiento para destituir a la defensora, y a la Contraloria General de la Republica, puesto que se recibieron 146 denuncias sobre “frases que se desapegan a su labor institucional” que llevaran a oficiar a la Defensoría.
Mas allá de lo “polémica” que puede resultar dicha frase, si despegamos la mirada desde la inmediatez, la referencia a la revolución y el rol activista político de los estudiantes y adolescentes ha sido una permanente en la historia de nuestro país, desde comienzos del siglo XX se les ha considerado “…un actor social involucrado en el acontecer nacional y despliega estrategias comunicativas para levantar la voz y reconocer el trabajo de los pares y sus dificultades” (Aguilera, 2014, pág. 155). Testimonio de la progresiva actoría social de la juventud han sido la fundación de la FECH (1906), la candidatura presidencial de Vicente Huidobro (1925), la matanza del Seguro Obrero (1938), la revuelta de la chaucha (1949), las tomas de la Victoria (1957) y de la casa central de la Universidad Católica (1968) y el paro nacional del 2 y 3 de julio en 1986 (Aguilera, 2014, pág. 149), todos hitos en los cuales las y los jóvenes jugaron un importante papel. De allí que no nos sea extraña la frase de Salvador Allende en su discurso en la Universidad de Guadalajara en 1970: “Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” (Allende, 2020).
Pero debemos señalar que la actoría política será potenciada por la violencia estructural e institucional que ha ejercido el Estado históricamente, particularmente en las últimas décadas, donde el modelo de Estado Subsidiario considera que “…las situaciones de exclusión social y de pobreza constituyen distorsiones que el mercado, en lo económico, ha de corregir y resolver en la competencia entre individuos” (Duarte, 2012, pág. 110), con las consecuentes situaciones de exclusión, discriminación y violencia generalizada sobre las capas menos favorecidas de la población, como consigna la vicepresidenta del Movimiento de Recicladores de Chile, Soledad Mella:
“Durante 35 años en mi población lo único que vi fue injusticia. He visto constantemente el flagelo de la droga. He visto cómo niñas y adolescente se prostituyen por la droga. He visto cómo los jóvenes llenos de sueños pierden la esperanza cuando salen de cuarto medio, porque no pueden llegar a la universidad. Porque tenemos papás que son campesinos, que no tuvieron los recursos, que no los tienen hoy (…) La juventud está acumulada de rabia. Los delincuentes que dicen ustedes, son los delincuentes que creó este sistema. Un sistema deshumanizado, un sistema neoliberal” (Desconcierto, 2019).
El punto que presenta Soledad Mella es relevante, puesto que desvela un malestar anclado en la institucionalidad misma del Estado, de allí que saltarse un torniquete no es un simple acto de desobediencia civil, sino que un profundo acto político que manifiesta la percepción de ilegitimidad de las instituciones del Estado. Pues ha de recordarse que durante aquella mañana del 18 de octubre no solo se evadía el pago a una empresa pública, sino que se hacía caso omiso de la autoridad policial ante su presencia mas directa. Los actos de violencia y vandalismo posterior no pueden leerse solamente como los de una minoría violentista, o como resultado de la confabulación de una célula golpista venezolana chavista-madurista fanática del k-pop, puesto que la alusión al enemigo interno no es mas que la ceguera ante la evidente expresión de una crisis de institucionalidad total de nuestro país. Aunque más que ceguera, habría que hablar de una consciente negación, puesto que la crisis de institucionalidad producida a partir del mes de octubre del 2019 lleva consigo el peor fantasma para un importante sector de la rancia clase política chilena: la generación de un Poder Constituyente independiente de ella.
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| Quizás el "Negro Matapacos" es uno de los símbolos mas potentes de la instalación de un actual poder constituyente en Chile (Fuente: https://www.fayerwayer.com/2019/11/negro-matapacos-impresion-3d/) |
Para comprender con profundidad dicho fenómeno, debemos entender a qué hacemos referencia con un Poder Constituyente, el cual a su vez está íntimamente ligado al concepto de Constitución. Al respecto, nos alejamos de la comprensión de la Constitución como un texto jurídico, la madre de las leyes o un texto de difícil transformación. Una Constitución ha de llamarse como tal, cuando su texto es la expresión de “una decisión fundamental sobre la forma del poder” (Atria, 2016, pág. 27), la constitución expresa una forma en la cual el poder se organiza y distribuye a través de la sociedad. Esto es así dado que en una democracia el poder político no se comprende como algo naturalmente dado, no es ni Dios, ni un grupo de “hombres notables”, ni la fuerza o coacción los que entregan el poder al gobernante, la legitimación del poder político encuentra su base en el poder Constituyente del Pueblo, de allí que el articulo 5 de la constitución consigne que: “La soberanía reside esencialmente en la Nación”, por lo tanto el ejercicio del poder se constituye a través de la voluntad del pueblo que desea constituirlo.
Esto al menos en la teoría, puesto que la experiencia histórica de nuestro país demuestra una absoluta falta de legitimidad al respecto, las constituciones de 1830, 1925 y 1980 se han generado como una reacción conservadora de los sectores más privilegiados (Bassa, 2020, pág. 69). El culmen de este proceso sostenido de regímenes jurídicos ilegítimos es la propia constitución de 1980, la cual dejo de ser un marco jurídico para el país, instalándose como un proyecto político especifico de corte neoliberal y subsidiario (Bassa, 2020, pág. 73). Las instituciones que se ha constituido, y que son una proyección a través de la cual la constitución ejerce poder, no solo ratifican la mercantilización de los derechos básicos, sino que también “Es una Constitución que reemplaza a la política deliberativa, cercenando la participación democrática de la ciudadanía y obligando a las mayorías a jugar en una cancha dispareja” (Bassa, 2020, pág. 74). Estos elementos en conjunto con otros de similar cariz, los cuales no fueron tocados en profundidad por la clase política durante los últimos 30 años, han desatado una absoluta crisis de institucionalidad que se expreso en una rabia desenfrenada contra todo aquello que pareciera parte de aquel Estado, sordo a las necesidades e intereses de una gran mayoría de la población vulnerada y desprotegida. A partir del 18 de octubre del año pasado se selló que aquel párrafo de la Constitución que consignaba: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común” era letra muerta, si es que alguna vez estuvo viva.
Este punto es fundamental, puesto que “La fortaleza de las instituciones en un lugar o momento determinado depende de cuan exitoso es el derecho en la creación del poder político” (Atria, 2016, pág. 43), el ordenamiento jurídico chileno en su origen mismo pecaba de falta de legitimidad, lo cual se fue reforzando dramáticamente durante los últimos 30 años, instalando una percepción de ilegitimidad -y por lo tanto de injusticia- la cual fue proyectada a todo el sistema político chileno. Considérese que “La deslegitimación de una forma institucional la hace perder poder” (Atria, 2016, pág. 44), de allí que no nos debe extrañar que la insurrección sea el mecanismo por el cual la ciudadanía exprese su descontento con el sistema, percepción que debió robustecerse tras 10 años de protestas las cuales no fueron escuchadas, y es precisamente este contexto de sostenida ilegitimidad del régimen político chileno el cual a decantado en la instalación de un poder constituyente.
Cabe definir sutilmente este concepto de poder, cuando hacemos referencia a un poder constituyente este no se desarrolla en su totalidad con el deseo de cambiar un texto llamado constitución, y para esto hay que recordar lo que hemos señalado anteriormente, respecto a que la constitución supone “una decisión fundamental sobre la forma del poder” (Atria, 2016, pág. 27), por lo tanto, el Poder Constituyente desea al fin y al cabo cambiar las formas en las cuales se ejerce el poder político, y en ese sentido, el clamor popular sobre la necesidad de reconocer la dignidad irrestricta de todos los sujetos que componen nuestra sociedad, es una decisión que se vuelve carne a través de una transformación en las formas como el poder político se ha ejercido actualmente, de allí que una de las primeras características de un poder constituyente sea que “Es un poder que se ejerce impugnando la decisión constituyente anterior y dando al poder institucional (constituido) una nueva forma y modo de ejercicio” (Atria, 2016, pág. 44).
No obstante, esta forma de entender el poder implica que una nueva constitución no basta, en cuanto esta última desarrolla y despliega las nuevas formas de ejercer poder a través de instituciones específicas, las transformaciones que reclama el poder constituyente se desarrollan más allá de la constitución misma en cuanto texto, es preciso un nuevo gobierno, nuevas instancias de organización y participación popular, nuevos partidos y dirigentes, en suma, una nueva política. Y he aquí el verdadero peligro en el que esta el actual proceso Constituyente, en que se transforme en los botes salvavidas de la actual clase política decadente, que al igual que los pasajeros del Titanic, se golpean y apresuran en la cubierta de la palestra publica para aferrarse a un bote constituyente ¡Algunos ya han hecho hasta vigilias en el Congreso!
No es descabellado pensar que el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución” fue la oportunidad de perpetuar el poder de los partidos políticos, con todo lo que ello conlleva, en un nuevo escenario de legitimidad política. Pero para evitar eso es fundamental mantener la manifestación viva y encausarla en la instalación de representantes que sean verdaderamente movilizadores de las distintas necesidad y problemáticas de nuestro país. En ese sentido, el papel de los estudiantes secundarios a sido fundamental, en cuento fueron ellos quienes dieron el primer impulso para el despertar del poder constituyente de buena parte de la población chilena, y de allí que su voz es fundamental en el actual proceso de redacción de una nueva constitución. De allí que el video de la defensoría de la niñez valore el “saltarse los torniquetes” es destacar la importancia de los estudiantes secundarios para el proceso constituyente, es más, los reconoce como sujetos legítimos de detentar y ejercer un poder constituyente.
Para finalizar, habría que preguntarse que está detrás de toda aquella bataola levantada por el oficialismo contra la defensora de la niñez, ¿Se trata de una defensa de la infancia y la adolescencia -que por cierto es percibida como sujeto de protección antes que de derechos- o una defensa cerrada a un sistema político y su institucionalidad que se tambalea inevitablemente al abismo?
Lxs Editorxs
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